Caracterización de la normativa ambiental

Las normas ambientales son un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que influyen de manera relevante en los procesos de interacción entre los subsistemas natural y social. Pueden distinguiese entre los siguientes tipos de Normas:

• 1) Las que son una adecuación a las circunstancias actuales de la legislación sanitaria o higienista o de protección del paisaje, la fauna y la flora, del siglo pasado.
• 2) Las de dimensión sectorial, pero de base ecológica y moderno cuño.
• 3) Las que responden a una visión integral del ambiente e intentan la correlación de los factores en juego, recogiendo en una normativa única todas las reglas relativas al ambiente.

Desde otra óptica se puede diferenciar entre:

• A) Normativa de relevancia ambiental “casual”: su objeto principal no es la protección del ambiente pero regula conductas que inciden en su protección.
• B) Normativa sectorial de relevancia ambiental: su objetivo es la protección ambiental respecto de los efectos de determinadas actividades específicas.
• C) Normativa ambiental propiamente dicha: su objetivo esencial es la protección del ambiente.

La situación se complejiza en los países de organización federal, por la coexistencia del doble régimen propio de la forma de estado adoptada. Leyes generales se alternan con normas particulares y locales, provocando eventuales conflictos consecuentes. En Argentina, donde se encuentra el Partido de Luján, como estado federal, coexisten normas nacionales, provinciales y locales. Ello conduce a que:

• No siempre existe una armonía entre las normas que regulan la materia.
• La legislación ambiental no está recogida en cuadros normativos únicos.
• La raigambre inter y multidisciplinaria del derecho ambiental hace que se encuentre íntimamente ligado con otras ramas del derecho positivo, especialmente con el régimen jurídico de los recursos naturales, el derecho de aguas, el derecho agrario, el derecho minero, el derecho alimentario, el derecho administrativo y el derecho de los consumidores.
• Las disposiciones de contenido ambiental se encuentran incluidas en leyes y decretos relacionados con estas especialidades del sistema jurídico.

Artículo 41:“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Respecto a los presupuestos mínimos, el artículo 6to de la Ley 25.675 [Ley General del Ambiente] establece que "se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art.41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común en todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y desarrollo sustentable".

Artículo 43:“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.”
Texto completo

Artículo 28:Los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.