En esta instancia se analizan los campos de fuerzas que posibilitan las producciones, desplazamientos, comunicaciones, distribuciones y recirculaciones. Además de las realizaciones materiales, energéticas e informacionales resultantes de todo trabajo humano (físico e intelectual; individual y colectivo), esta instancia comprende el conjunto de fenómenos socio-económicos espacializados, de condicionamientos y fuerzas económicas, que coexisten en el territorio; desde las condiciones económico-financieras coyunturales a las institucionalidad y las tradiciones de los organismos estatales, el sector empresario y los sindicatos, así como también las interacciones entre ellos.

En este sentido, la instancia económica del Partido de Luján comprende 4 grupos de actores principales: los proveedores de bienes y servicios al turismo, el comercio local, las industrias y el agro. Cada una de estas ha sido descrita en el artículo de actividad económica, por lo que se desarrollan aquí sus roles como actores territoriales en el marco de las relaciones (asimétricas) en las que participan.

Es sabido que el turismo contribuye a crear imágenes pero también recursos de infraestructura, flujos que producen y reproducen el territorio.

Realizando un paralelo entre la traza de 1755 y la imagen de 2005 puede concluirse que la ciudad de Luján ha extendido notoriamente su infraestructura sin modificar el diagrama del antiguo centro urbano, pero si su territorialidad. Los procesos de territorialización experimentados en Luján están vinculados principalmente con los aspectos patrimoniales del centro histórico, el que ha cambiado a través de los años, pasando de un centro administrativo de campaña y nodo político de la Provincia de Buenos Aires a un centro internacional de turismo predominantemente religioso. Tal proceso de territorialización, cuya descripción puede profundizarse en la configuración temporal y también en la descripción del patrimonio tangible, modificó notoriamente la dinámica de la ciudad de Luján, surgiendo fronteras internas entre las zonas prominentemente turística y aquellas donde se prestan los servicios esenciales para la población permanente.

Especialmente en relación a la instancia económica, este proceso de territorialización generó actores concretos con un importante peso, los que están agrupados en diferentes organizaciones según el tipo de actividad, pero todos relacionados a la actividad turístico-religiosa que se desarrolla en torno a la Basílica y sus alrededores. Tales agrupaciones conforman actores territoriales específicos, cada uno de ellos con distintos niveles de incidencia y poder sobre el espacio público de la zona turística, que combinan con una acumulación de poder respecto al gobierno municipal que les otorga las concesiones de uso de los respectivos espacios. Tanto es así que, a pesar de los sucesivos planes de desarrollo turísticos, las concesiones no se renuevan, los canones por sus respectivos usos no actualizan y dichos actores se mantienen activos lucrando con la actividad turística en un contexto de avance del deterioro de la infraestructura.

A su vez, los proyectos de desarrollo turístico suelen ser desproporcionados para las necesidades puntuales de cada uno de los actores de la zona turística entendida como territorio, al tiempo que no suelen reconocer la complejidad de la articulación entre los actores que se disputan espacios que cuentan con características preferenciales (como la cercanía a la puerta de la Basílica o el flujo hacia sitios específicos). Combinado con esto, la elaboración de estos proyectos en ámbitos exclusivos para ser presentados a estos actores como “cosa definida” conduce principalmente a dos posiciones: miedo y resistencia a lo por venir; lo que despierta todo tipo de reacciones de confrontación con el proyecto en cualquiera de sus dimensiones. En este sentido, la reiteración de este tipo de acontecimientos refuerza una desconfianza en la gestión pública que dificulta aún más las posibilidades de éxito de un plan para el mejoramiento de la zona turística.

Por otro lado, también existen otros actores vinculados al turismo rural de la localidad de Carlos Keen, pero estos no tienen el peso político suficiente para guiar los procesos de territorialización, especialmente vinculados al uso del suelo, sino que desarrollan su actividad en el marco de una política de desarrollo preestablecida.

El comercio local hace referencia a otros actores territoriales relevante a ser considerados en esta instancia económica. Entre ellos se destacan los comercios de la zona céntrica y las cadenas de supermercados (cadenas nacionales y supermercados chinos). Luego, los pequeños comerciantes dispersos en barrios y localidades pueden ser considerados como actores en su zona de proximidad, pero sus dimensiones no ostentan un impacto ponderable en los procesos de territorialización del Partido.

En relación a los comercios de la zona céntrica, individualmente o agrupados en organizaciones de comerciantes tiene relevancia en el territorio desde dos perspectivas: una por la cantidad de personas cuya actividad económica depende de ellos (sean propietarios de inmuebles alquilados, propietarios de comercios y/o trabajadores), y otra por la pertenencia de sus propietarios a un sector social tradicional con peso sobre la política local. Mientras la primera perspectiva está anclada en esta instancia de la formación socioespacial, con cierta dependencia de la instancia geográfica donde se organizan las prácticas cotidianas; la segunda se articula fuertemente con la instancia política a partir de las capacidades de lobby de estos actores y su relación con las autoridades (cuando no son ellos directamente). Desde la perspectiva del comercio como actividad económica, el Centro de Empleados de Comercio de Luján también puede considerarse un actor territorial, pero que se limita a ciertos reclamos sobre el día del empleado de comercio (26 de septiembre) sin hacer frente a la precarización laboral e informalidad que presenta el sector.

Por su parte, las cadenas de supermercados pueden considerarse como actores territoriales en tanto suministran bienes de consumo masivo. Desde esta perspectiva, tanto las cadenas nacionales y multinacionales radicadas en Luján (Carrefour, WallMart, Vea y Día%) como los supermercados chinos instalados en casi todos los barrios y localidades resultan un actor económico preponderante al establecer los precios de venta de los productos de primera necesidad. Aplicando estratégicas a nivel local, regional, provincial y/o nacional estos actores inciden notablemente en la economía local sin deja margen de acción al gobierno local; al tiempo que tensionan en una relación de poder asimétrica con los comercios de proximidad, los que no acceden a los mismos costos para la compra de mercadería que comercializan, ni cuentan con la misma infraestructura logística ni con los mismos beneficios financieros que tales cadenas. En este marco, mientras estas cadenas generan puestos de trabajo para la población local, destruye fuentes de trabajo y emprendimientos por imposibilidad de competencia.

La industria, conformante del segundo sector de la actividad económica local, se agrupa en los parques industriales de la localidad de Jauregui, en la autopista 6 y luego está dispersa en el Partido, principalmente en la periferia de la ciudad cabecera y sobre sus vías de comunicación. En tanto actor territorial, la industria acumula un poder que suele ser transparente mientras no se generen conflictos sociales (generalmente laborales) o ambientales (generalmente por contaminación). En tiempos de crecimiento del sector, no aparece el primer tipo de conflicto y el segundo tiene espacio para acumular poder y territorializar demandas; mientras que en tiempos de crisis, se produce una confrontación entre los afectados y/o identificados con cada conflicto, en la tensión trabajo-salud/calidad de vida de difícil resolución.

En este plano, el municipio tiene un rol preponderante al ser quien otorga las habilitaciones y realiza ciertos controles compartidos con las autoridades provinciales y nacionales, entrando en un marco jurídico-normativo que, en contextos conflictivos pone en evidencia a las industrias como actores territoriales desde su relación con el Gobierno Municipal.